Funcionarios de Estados Unidos expresaron ayer su preocupación a la Junta Central Electoral (JCE) por los fraudes de identidad y se interesaron por reforzar su colaboración para eliminar esa problemática.
La subsecretaria para los asuntos consulares del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Janice Jacob; el embajador de Estados Unidos en el país, Robert Fannin, y el cónsul general, Micke Schimmel, entre otros funcionarios norteamericanos, analizaron el tema con el presidente de la JCE, Julio César Castaños, durante una visita que le hicieron ayer.
En en el encuentro estuvieron presentes por la JCE, el juez John Guiliani, presidente de la Comisión de Inhabilitados y Cancelados y enlace del tribunal con el consulado, así como el director de Protocolo, Alejandro Viccini.
A la salida del despacho del presidente de la JCE, Jacob manifestó que de vez en cuando han encontrado documentos fraudulentos de dominicanos y de otros inmigrantes.
Enfatizó que tienen una colaboración estrecha con la JCE, “porque tenemos los mismos intereses de combatir el fraude”. “Yo soy la jefa de los asuntos consulares en el Departamento de Estado, estoy aquí visitanto la sección consular de la Embajada y aquí a la JCE, hemos hablado de los asuntos consulares, de los documentos civiles y los fraudes”, expresó.
El embajador Fannin explicó que el motivo de la visita fue para presentar también a la subsecretaria Jacob, que está en el país desde el pasado domingo.
Formación
El presidente de la JCE dijo que a través de la Escuela de Formación Electoral y Registro Civil se desarrollarán unos programas educativos dirigidos a eliminar los fraudes de la identidad y recordó que el embajador de Estados Unidos visitó recientemente la Escuela.
“Pienso que hay de parte de ellos ese interés, viéndonos desde este ángulo de cómo los dominicanos van a los EEUU y que no llegue un dominicano a los EEUU con un fraude de identidad”, señaló.
Castaños Guzmán dijo que explicó a los funcionarios estadounidenses el avance que han obtenido para establecer la identidad biométrica, con lo cual, afirmó, irán desapareciendo los problemas en el registro civil y los fraudes de identidad.
“Nosotros le dijimos también el avance hacia la identidad biométrica, el hecho de que la identidad depende de la foto y de la huella dactilar, más de lo que dicen los papeles, o que los papeles estén en una correspondencia con los rostros”, enfatizó. Señaló que ese sistema será aplicado una vez se superen las dificultades que ha habido con el consorcio Soluciones Modernas (Somo).
Esa empresa se encargó de desarrollar el proyecto de automatización del registro civil, pero los trabajos fueron paralizados luego de las denuncias de irregulariades, por lo que el Pleno de la JCE aprobó la realización de una auditoría.
Castaños Guzmán indicó que el contrato con la empresa que hará el experticio sería firmado hoy, lo cual costará a la JCE 553 mil dólares.
Las actas irregulares
Por otra parte, Castaños Guzmán expresó que el Pleno de la JCE no puede anular la circular 017 que emitió la Cámara Administrativa en la que prohíbe a los oficiales del registro civil expedir actas a favor de ciudadanos cuyos padres no hayan probado su residencia o estatus legal en la República Dominicana.
Castaños Guzmán sostuvo que el reglamento de la JCE faculta a la Cámara Administrativa a administrar el registro civil, al tiempo que reiteró que el Pleno no es un órgano de apelación de las decisiones de otras instancias.
No obstante, aclaró que no está fijando una posición sobre esa circular, y que su opinión la dará a conocer en la sesión que sostendrá el Pleno este miércoles. El Pleno de la JCE fue apoderado de una propuesta del juez Eddy Olivares para que sea dejada sin efecto esa resolución, por considerarla ilegal e inconstitucional.
En tanto, dijo que el Pleno revisará la resolución 12/2007, que autoriza la suspensión provisional de la expedición de actas viciadas o instrumentadas de manera irregular.
La jueza Aura Celeste Fernández solicitó al Pleno del organismo que deje sin efecto esa resolución y que disponga el cese de todas las acciones administrativas realizadas al amparo de la misma.
En tanto, Castaños Guzmán consideró que no debe ser temperamental ni emocional, sino jurídica, la decisión que adopte el Pleno sobre las irregularidades en el registro civil.
“Nosotros no podemos ver esto como un asunto abstracto, eso es un problema que tiene su tamaño, por ejemplo, cuantos casos son, yo no he oído todavía cuántos son, yo quisiera saber cuántos son, quiénes son, cuántos dominicanos hay en esa situación, y cuantos extranjeros, hay que verlo”, precisó.
Manifestó que a esa problemática hay que buscarle una salida jurídica, ya sea para que la resolución que existe se quede como está o para que se modifique o anule.
“Este no es un problema abstracto, sobre el que uno se pueda referir de una manera abstracta, este es un problema de personas, independientemente de que nuestro Pleno tiene una comisión de oficialías y esa comisión fue la que sugirió la resolución que dio el Pleno”, puntualizó.
![[Valid RSS]](valid-rss.png "Validate my RSS feed")
Leave a Reply